Fecha : 15 de Noviembre de 1996 11:00h
Lugar : Auditorio principal de la UCSM
Señor Rector de la Universidad Católica de Santa María, Dr. Luis Carpio Ascuña.
Sr. Presidente del Consejo de la Magistratura Dr. Carlos Montoya Anguerry.
Distinguidas autoridades Políticas, Judiciales, Religiosas, Militares, Académicas y Civiles que nos acompañan.
Señor Vice Rector Académico Dr. Julio Paredes N.
Señor Vice Rector Administrativo Sr. León Guillén.
Srs. Decanos y Jefes de Departamentos de la Universidad
Señores Docentes
Damas y Caballeros
Alumnos
Al conmemorarse el XXXV aniversario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra Universidad, la encontramos en su mejor etapa de desarrollo y de vida plena. Hoy, se me encarga el alto honor, de rendirle un justo homenaje, y al hacerlo evoco la figura de tan dignos maestros que nos antecedieron y que acrecentaron el prestigio bien ganado que hoy orgullosamente ostenta. Recordamos con gratitud su paso como autoridades de la Facultad a los doctores Humberto Núñez Borja, Alberto Heredia, Alberto Bailón Landa, José Butrón, Alberto Páliza del Carpio, Hernán Pretto Glave, Oscar Díaz Valverde, Juan Manuel Polar Ugarteche, Ramiro Valdivia Cano, y entre otros mi padre el Dr. Germán Rodríguez Escobedo, quienes realizaron una brillante gestión, que perdurará por siempre.
Junto a ellos, los docentes que fueron incorporándose en sus diferentes momentos, tales como los doctores Carlos Montoya Anguerry, que hoy nos honra con su visita, Antonio Villa Calvo, Ana Beltrán de Martínez, Francisco Chirinos Soto, Guillermo Zegarra Barrionuevo, Alfredo Cornejo Chávez, José Antonio Aranibar, Héctor Díaz Valdivia, Eduardo Cáceres Bedoya, Abraham Talavera Delgado, Eduardo Benavides Benavente, y otros docentes que con su paso por la Facultad alimentaron y enriquecieron su vida institucional. Hoy contamos con una plana de excelentes docentes quienes con inteligencia, sabiduría, visión y entrega, vienen forjando una facultad eficiente, reconocida como una de las mejores del país.
El prestigio que tiene nuestra Facultad se debe también a nuestros graduados por su eficiente y destacada labor profesional. En 35 años que tiene nuestra Facultad han egresado 28 promociones y de 1968 a 1996 se han titulado 1,800 abogados.
Los magníficos resultados los podemos comprobar con una pequeña muestra, y que mejor si lo observamos en los integrantes de la Promoción Alfredo Cornejo Chávez, egresada en 1971, que celebran este año sus Bodas de Plata, y que un buen número de ellos nos acompañan en esta ceremonia. Conocemos las virtudes profesionales de Mauricio Chabaneix Billing, quien tiene uno de los más prestigiados estudios jurídicos de Arequipa, y tuvo a su cargo la cátedra de Derecho Comercial en nuestra Facultad, David Dongo Ortega que fue integrante del Tribunal de Trabajo de Arequipa, actualmente Docente y titular de la cátedra de Derecho del Trabajo en nuestra Facultad; Gustavo Arce Diez, se desempeña como Gerente Legal de Gloria S.A., Ernesto Polick Dominguez, Fiscal Superior de Arequipa, Julio Morriberón Rosas, Gerente de La Positiva Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., y junto a ellos otros también magníficos abogados como Cida Cateriano Velarde, Inocencio Condori, José Linares Bozold, Jaime Rochetti, Javier Rospligliosi Rospligliosi, Primo Raúl Rivera Guzmán, entre otros.
Al referirme a nuestras autoridades, cuerpo docente, graduados y alumnos, a todos ellos les rendimos un justo homenaje recordándolos con gratitud y afecto en este nuevo aniversario.
De todos ellos aprendimos la necesidad de planificar el futuro. La facultad de Derecho, especialmente en las universidades Católicas son las llamadas a una continua renovación pues deben transitar vigilantes a los cambios de la realidad socioeconómica en que vivimos. Además de la investigación científica y tecnológica debe preocuparse por la convivencia social y del hombre mismo desarrollando la dignidad humana y la herencia cultural, donde el catolicismo este presente de manera vital.
Estamos en consecuencia, obligados a vivir en continua renovación, a mirar el mañana conociendo los cambios que se producen en nuestra sociedad de la mano con la realidad que tenemos en nuestro entorno social económico y político; y si bien es cierto que no sabemos como será el mundo del mañana excepto que será diferente, eso significa que nuestra Facultad tendrá que ser aprendiente perpetuo. Precisamente formamos Abogados que ejercerán sus funciones no hoy en una realidad que conocemos, sino mañana, con una realidad diferente. Por ello, debemos ser capaces de diagnosticar y manejar de manera permanente todas las transformaciones que sean necesarias de acuerdo a los cambios del entorno en que nos tocará vivir.
Hoy somos testigos, de las transformaciones socio-económicas que fundamentalmente ha introducido la nueva Constitución Política de 1993.
En materia de educación se le ha dado una finalidad eminentemente humanista, de modo especial se declara que el Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Esta es una declaración escencialisima porque incluye la libertad del centro educativo, la libertad del profesor que enseña; la libertad del alumno que aprende; en todo caso, la libertad del padre de familia que interviene en la educación de sus hijos, y que tiene el deber de educarlos y de escoger los centros de educación y el de participar en el proceso educativo.
En todas las instituciones del Estado, la educación es gratuita aunque, en la universidad pública, tienen derecho de educarse gratuitamente solo los alumnos que mantengan satisfactorio rendimiento y no cuenten con recursos económicos.
Con el objeto de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, el Estado promueve la educación privada en todas sus modalidades, incluyendo la comunal y la cooperativa.
Los fines universitarios siguen siendo la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica.
La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados, y se garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia que podría ejercer el profesor respecto de la libertad de opinión y la libertad de criterio de los estudiantes.
Así mismo, se establece un nuevo régimen económico, donde la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen el Estado orienta el desarrollo del país. Un Estado moderno interviene no para suprimir sino, por el contrario, para asegurar la economía del mercado, para que funcionen las reglas de esta, para cerrar el paso al monopolio, para que reine la más libre competencia.
Este marco constitucional ha sido la fuente inspiradora para que el 8 de noviembre del presente año, el Poder Ejecutivo promulgue el Decreto Legislativo 882, dispositivo legal a través del cual se han dictado normas sobre promoción de la inversión del sector privado en la educación, consistentes según la propia norma en disposiciones que fomentan la inversión privada en el esfuerzo nacional de modernización de la educación.
El tema central de esta promoción radica en que los centros educativos que se organicen, dentro de ellos las nuevas Universidades, deberán constituirse jurídicamente bajo cualquiera de las formas previstas en el derecho común y en el régimen societario, vale decir que deberán adoptar la forma de Asociación, Fundación, Cooperativa, Empresa Unipersonal, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, Sociedades Anónima, o Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, reiterándose que es derecho de toda persona natural o jurídica la libre iniciativa para realizar actividades en la educación.
Esta nueva norma legal que ya ha entrado en vigencia, permite que las Universidades y los centros educativos particulares en general, puedan o no tener fines lucrativos.
Se ha establecido que a partir de 1997, las instituciones educativas se encuentran comprendidas dentro del Régimen General del Impuesto a la Renta, que gravará las utilidades que generen anualmente, así como estarán sujetas al Régimen General del Impuesto a las Ventas, estando exoneradas la prestaciones de servicios exclusivamente para fines propios, quedando gravado con el 18% todo otro servicio que realiza la institución.
Una de las disposiciones trascendentes es la que establece la participación de la Comunidad Universitaria. Al organizarse en forma de Sociedad Anónima por ejemplo, la Asamblea Universitaria, será reemplazada por la Junta General de Accionistas, el Directorio que es nombrado por los accionistas, reemplazarán al Consejo Ejecutivo. No habrá Rector, en su lugar se nombrará a un Gerente General, y en lugar de Decanos se nombrarán Gerentes de las distintas Facultades.
Los docentes, alumnos y graduados que conforman la Comunidad Universitaria, sólo tendrán derecho a participar en asuntos relacionados al régimen académico, de investigación y de proyección social.
Nuestra Universidad, viene estudiando los alcances de la Ley, y considero que se tendrá que adoptar una de las siguientes alternativas: el convertirse en una Sociedad Anónima o continuar bajo el mismo régimen actual.
En cualquiera de los casos, nuestra Facultad deberá estar preparada para desarrollarse dentro de un nuevo estilo al promoverse la libre competencia educativa a todo nivel, y que únicamente quedaran en carrera quienes acepten el cambio en todas sus estructuras, en busca de la excelencia, para ser competitivos.
Ante esta situación las nuevas políticas o tendencias modernas en materia de educación universitaria, están basadas en las experiencias recogidas de las universidades japonesas y estadounidense, las que plantean la competencia entre las instituciones educativas para mejorar la calidad de sus servicios.
Este es el reto fundamental de los próximos años. El objetivo es que la educación superior participe activamente para generar un ambiente de oportunidades que apoyen las estrategias de equidad que deben complementar la apertura económica del país. Los criterios de financiamiento no deben descansar más en el número de alumnos o maestros, sino en las medidas para mejorar la calidad de los recursos humanos mediante sistemas de innovación y evaluación académica definidos institucionalmente.
Se tendrá que realizar grandes y especiales esfuerzos, no solo para competir por los recursos, sino para mejorar notablemente la calidad de la educación. Es por ello que la definición de parámetros de calidad académica y la inducción de cambios de actitud son los retos inmediatos que debe afrontar nuestra Facultad.
Este es el perfil deseado y para lograrlo hago votos al altísimo, para que ilumine a nuestras Autoridades, especialmente a los integrantes de la Asamblea Universitaria para que con inteligencia y visión de futuro, puedan tomar la decisiones más adecuadas al ingresar nuestras Universidad en un nuevo mercado en un sistema de libre competencia y a nuestro Decano de la Facultad, para que pueda planificar y fomentar un nuevo proceso de cambio que nos conduzca por el camino hacia la excelencia, que nos permita lograr una Facultad con autoridades, docentes y alumnos de calidad, cuyos resultados nos permita sentirnos orgullosos de haber formado profesionales altamente competitivos, inspirados en principios humanistas, democráticos y cristianos.
Muchas gracias.
