Fecha : 23 de noviembre del 2007 11:00h
Lugar : Auditorio Miguel Grau de la UCSM.
Señor Doctor Julio Paredes Núñez, Rector de la Universidad Católica de Santa María Señores Vice Rectores de la Universidad.
Distinguidas autoridades.
Srs. Decanos y Jefes de Departamentos.
Señores Docentes.
Damas y caballeros.
Alumnos que nos acompañan.
El Consejo de nuestra Facultad me ha dispensado el honor de dar lectura al discurso de Orden en ésta ceremonia conmemorativa del XLVI aniversario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra Universidad.
Agradezco muy emocionado este encargo, y esta sensación de emoción y alegría es mayor y casi incontrolable, después de haber escuchado a los alumnos y amigos de mi padre que celebran este año sus Bodas de Plata de egresados, precisamente este año que se cumplen 25 años de su fallecimiento. Quieran ustedes, amigos de la Promoción “Germán Rodríguez Escobedo”, aceptar mi especial y profunda gratitud por haber elegido como nombre de la Promoción el nombre de mi padre y recordarlo con tanto cariño a pesar del tiempo transcurrido. Dr. Max Rivera, sus palabras han quedado grabadas en mi corazón y permanecerán en mi recuerdo toda una vida.
Señor Rector, hoy es un día de fiesta, por que Derecho cumple 46 años de vida universitaria y con el esfuerzo y cariño de sus autoridades, profesores, personal administrativo y alumnos, nos hemos podido conducir por el camino de la excelencia y hoy la encontramos en su mejor etapa de desarrollo y de madurez.
Al rendirle un justo homenaje, evoco la figura de tan dignos maestros que nos antecedieron y que acrecentaron el prestigio bien ganado que hoy orgullosamente ostenta. Recordamos con gratitud su paso como autoridades de la Facultad a los doctores Humberto Núñez Borja, Alberto Heredia, Alberto Ballón Landa, José Butrón Valencia, Alberto Páliza del Carpio, Hernán Pretto Glave, Oscar Díaz Valverde, Juan Manuel Polar Ugarteche, Ramiro de Valdivia Cano, y entre otros a mi padre el Dr. Germán Rodríguez Escobedo, quienes realizaron una brillante gestión, que perdurará por siempre.
Al recordar a los primeros docentes, debo incluir en este homenaje a los que fueron incorporándose en sus diferentes momentos, tales como los doctores Carlos Montoya Anguerry, Antonio Villa Calvo, Ana Beltrán de Martínez, Francisco Chirinos Soto, Guillermo Zegarra Barrionuevo, Alfredo Cornejo Chávez, José Antonio Aranibar, Héctor Díaz Valdivia, Eduardo Cáceres Bedoya, Abraham Talavera Delgado, Eduardo Benavides Benavente, Edilberto Zegarra Ballón, Jaime Valencia Valencia y otros docentes que con su paso por la Facultad alimentaron y enriquecieron su vida institucional.
Hoy contamos con una plana de excelentes docentes quienes con inteligencia, sabiduría, visión y entrega, vienen forjando una facultad eficiente, reconocida como una de las mejores del país.
De todos ellos aprendimos la necesidad de planificar nuestras acciones a desarrollar en el futuro. La facultad de Derecho, especialmente en las universidades Católicas son las llamadas a una continua renovación pues deben transitar vigilantes a los cambios de la realidad socioeconómica en que vivimos. Además de la investigación científica y tecnológica debe preocuparse por la convivencia social y del hombre mismo , como decía Aristóteles “el ser humano existe siempre en relación con otros seres humanos, es vivir con otros hombres, el hombre no vive sino convive”.
Estamos en consecuencia, obligados a vivir en continua renovación, a mirar el mañana conociendo los cambios que se producen en nuestra sociedad, de la mano con la realidad que tenemos en nuestro entorno social económico y político; y si bien es cierto que no sabemos como será el mundo del mañana , pero si estamos seguros de que será diferente, por eso nuestra Facultad tendrá que ser aprehendiente perpetuo.
Precisamente formamos Abogados que ejercerán sus funciones, no hoy en una realidad que conocemos, sino mañana, con una realidad diferente. Por ello, debemos ser capaces de diagnosticar y manejar de manera permanente todas las transformaciones que sean necesarias de acuerdo a los cambios del entorno en que nos tocará vivir.
Hace unos días nos despertamos sorprendidos al enteramos respecto del atentado ocurrido en Tayacaja (Huancavelica), en la que fallecieron cuatro suboficiales de la Policía, hecho de terror que sucede al atentado perpetuado unos días antes en Ocobamba (Apurimac) con un policía muerto, en ambos casos por grupos de narcoterroristas.
Estos hechos, nos hacen recordar los conflictos internos vividos entre 1980 y el 2000, que fueron los de mayor duración y de impacto, con el mayor número de muertos y daños materiales en toda la historia de la República. El número de muertos supera a las sufridas en la guerra de la Independencia y la guerra con Chile, juntos. Oficialmente se ha declaro a 69,280 muertos y más de 1,2 millones de peruanos victimas de daños personales o patrimoniales en todo el país.
Estos nefastos conflictos tienen sus causas en tres fuentes fundamentales: el narco-terrorismo, la corrupción pública y la delincuencia.
Los peruanos ya no confiamos en el Estado para la solución de estos problemas. Surge como consecuencia de estos hechos, grupos de ciudadanos, que formando pequeñas organizaciones las vamos conociendo como SOCIEDADES CIVILES.
Estas son un conjunto de instituciones cívicas y asociaciones voluntarias que median entre los individuos y el Estado. Se trata de organizaciones que se configuran en torno a prácticas de interacción y debate, relacionadas con la participación política ciudadana, la investigación, el trabajo y la fe; constituyen por tanto espacios de actuación claramente diferenciados respecto del aparato estatal y del mercado. Las universidades, especialmente sus facultades de Derecho, junto con los colegios profesionales, las organizaciones no gubernamentales, son instituciones de la sociedad civil. La función de estas instituciones – desde un punto de vista político– consiste en articular corrientes de opinión pública, de actuación y deliberación ciudadana que permita hacer valer las voces de los ciudadanos ante el Estado en materia de revindicación de derechos y políticas públicas.
Precisamente la Sociedad civil tiene un espacio de acción en el llamado TERCER SECTOR en el cual participan especialmente las Universidades, que proyectan su acción hacia la construcción de ciudadanía participativa, que se constituyen en referentes sociales o que conforman colectivos transitorios o permanentes. En este espacio simbólico se construye poder y se hace política en diálogo con el poder político y el poder económico.
La historia nos recuerda como han venido participando estas organizaciones privadas en el campo del TERCER SECTOR, combatiendo enérgicamente estas vertientes de dolor, de muerte y desolación, precisamente por que el Estado no está en condiciones de solucionar los problemas causados por el terrorismo, la corrupción pública y la delincuencia.
El terrorismo sembró la muerte y el dolor en todo el Perú desde 1980, especialmente en las comunidades campesinas de la sierra. En abril de 1983 miembros de sendero luminoso irrumpieron en la comunidad ayacuchana de Lucanamarca y mataron a 69 campesinos.
El atentado de la calle Tarata en Miraflores, fue el peor atentado sufrido por la población urbana de Lima, Un coche bomba colocado por los senderistas el 16 de julio de 1992 mató a 23 personas y dejó heridas a más de 100 personas.
Junto a Sendero Luminoso en los años ochenta apareció también el MRTA, un movimiento subversivo asentado esencialmente en las zonas cocaleras de la selva alta, pero con grupos radicados en ciudades – en Lima, principalmente- que se encargaban de hacer operativos subversivos específicos.
El fin de la ofensiva terrorista se debe básicamente a la caída de Abimael Guzmán el 12 de setiembre de 1992, y paró en seco una ofensiva que un día antes parecía indetenible. La captura de Abimael Guzmán tuvo un efecto devastador para su organización debido a su extrema centralización y al papel mesiánico que jugaba el Presidente Gonzalo.
A partir de esta captura influyeron un conjunto de factores. El principal fue la contraofensiva campesina, que se expresó a partir de 1988 en la generalización de las RONDAS CAMPESINAS y de los Comités de Autodefensa, a lo largo y ancho del país para enfrentar a Sendero. Son los inicios de la participación ciudadana en la solución de los problemas que al Estado le corresponde y que no puede dar solución.
Otro de los flagelos incontrolables y que el Estado no encuentra solución es la corrupción pública y que fue institucionalizada dentro del Estado, por que desde sus más altos niveles se organizó una red de influencias y sobornos en todos los ámbitos del poder público.
La iniciativa nacional anticorrupción detectó que funcionaba casi todos los organismos públicos inexplicablemente mal, por obediencia o complicidad con los corruptos que ejercían el Gobierno, de esta corrupción no escapa los poderes legislativo, Ejecutivo, Judicial, el Ministerio Público, el Sistema Electoral, el Consejo Nacional de la Magistratura, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los gobiernos locales, la SBS, la Controloría General de la República, y otros organismos. En suma, puede verse que muchos órganos Estatales estuvieron comprometidos de una u otra manera con la corrupción. No quiere esto decir, que todos los que trabajan en ellos eran corruptos, desde luego. Si quiere decir en cambio, que la red de corrupción se extendió a todos estos órganos del Estado a través de gente infiltrada o sobornada, de manera que dicha red alcanzó un inmenso poder para cumplir sus propósitos.
A pesar de los cambios de gobiernos y de los años transcurridos, la corrupción sigue aún vigente y nada se hace para evitarlo. En buena medida podemos decir que la sociedad se ha acostumbrado a realizar gestiones públicas valiéndose de recomendaciones, palancas o padrinos. Como hombres honesto y de derecho somos coincidentes de que esta situación es injusta, desigual y violenta. Es un rasgo social que se debe cambiar radicalmente para lograr que se evite la corrupción en el Perú, pues, precisamente, la base de su existencia está en los procedimientos irregulares, en el uso y abuso de las relaciones personales para conseguir favores, y en el perjuicio a los muchísimos peruanos que no tienen forma de conseguir nada, aún cuando tengan capacidad, mérito y derecho legal para ello.
Desde 1980 a la fecha han transcurrido más de 27 años, y la corrupción cada vez es mayor y el Estado no tiene forma y pareciera que no le interesa ponerle fin.
Es la SOCIEDAD CIVIL la que tiene que buscar espacio en el TERCER SECTOR y organizarse para combatir enérgicamente la corrupción pública. Creo que corresponde a las Universidades, especialmente a las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas, de buscar los cambios que fueran necesarios para lograr este propósito.
Debemos comenzar con la difusión y enseñanza de los Derechos Políticos, ética y filosofía mediante cursos obligatorios por ejemplo diplomados para todos los que desean postular al Congreso, Gobiernos Regionales y Municipales y para todos los que postulen a Jefaturas en dependencias públicas.
Además las mismas facultades deben organizar comités de vigilancia y control dependientes de los consultorios jurídicos con el objeto de denunciar los actos de corrupción pública.
Finalmente, debo referirme al tercer problema LA DELINCUENCIA. Esta tiene sus causas de origen en la crisis económica que vivimos y recordamos durante la segunda mitad de la década de 1980, bajo el gobierno aprista. En este contexto, complicado por la violencia política, la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción galopante, la cuestión de la seguridad ciudadana se convirtió en un problema fundamental. La situación se agravó aún más por la descomposición de la Policía. Durante el Gobierno Aprista, se impulsó una reforma policial y se dio de baja a 2,500 policías, pero esta propuesta del Estado no fue nada significativa. La inseguridad creció aún más, cuando las investigaciones periodísticas mostraron que efectivos policiales alquilaban su armamento a las bandas que robaban , asaltaban, extorsionaban y secuestraban, y en ocasiones formaban parte de ellas.
La sociedad civil tuvo su presencia en estos actos, pues en los barrios populares, con los pobladores cansados de ser víctimas de la delincuencia, se organizaron para capturar a los malhechores, pero éstos una vez capturados por los vecinos eran liberados rápidamente en cuanto se les entregaba a la Comisaría. Ante la ineficacia y falta de protección policial se optó por ejercer la justicia con sus propias manos. La ejecución bárbara de delincuentes por turbas indignadas, el linchamiento, se convirtió en un factor más, que alimentaba el clima de violencia y exasperación.
En las ciudades se ha intentado de impulsar la constitución de rondas urbanas contra la delincuencia, creándose rejas de seguridad en barrios residenciales con servicio de vigilancia o seguridad. La ciudad se llenó de casas enrejadas, sistemas de alarmas, y guachimanes. La utilización de autos blindados y guardaespaldas, se generalizó en los sectores de más altos ingresos. Los Municipios de los barrios con mayores recursos organizaron el Serenazgo una especie de policía paralela, que podía dar una respuesta más oportuna que un Policía con escasos recursos, desmoralizada y corroída por una corrupción que comenzaba en los más altos niveles del comando.
El Estado ya tuvo una mala experiencia cuando encomendó a las fuerzas armadas el control del terrorismo y de la delincuencia. Al final se llegó a la conclusión que era más conveniente que la policía siga combatiendo a los delincuentes.
Pero, el gran problema de la Policía es que le faltan unos 40,000 policías para hacer una labor efectiva. Por otro lado hace 10 años que un policía no hace prácticas de tiro, hace 10 años que no salen de vacaciones, ni se les puede comprar ropa o uniformes nuevos.
Por todo esto, llegamos a la conclusión que la Policía ni las fuerzas armadas están en condiciones de dar una solución a estos problemas. Es necesario e inevitable que la SOCIEDAD CIVIL se organice para hacer frente a estos tres flagelos: el terrorismo, la corrupción y la delincuencia.
Nuestra facultad debe estar presente en estos hechos y formular alternativas de solución de estos problemas, y creo que podría proyectarse a la sociedad, dando oportunidad a los campesinos, a los obreros, a los de la tercera edad, y políticos, abriendo sus puertas para que siguen estudios, organizándoles cursos y carreras cortas en ciencias políticas, seguridad, ética y moral y finalmente organizar rondas jurídicas, con alumnos que puedan difundir distrito por distrito, pueblo por pueblo, los derechos ciudadanos y la doctrina cristiana de amor y solidaridad, para evitar de esta forma el mayor incremento de terroristas y delincuentes. Hay mucho por caminar y muchos problemas por solucionar, pero ésta es una gran oportunidad de rendirle homenaje a nuestra Facultad, haciendo votos para que inicie un nuevo proceso de cambio que nos conduzca por el camino de la excelencia con paz y amor, sin terrorismo, sin corrupción ni delincuencia, que nos permita sentirnos orgullosos de haber formado profesionales y ciudadanos inspirados en principios humanistas, democráticos y cristianos.
Muchas gracias.
